El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha admitido que la intención del Gobierno es avanzar hacia un sistema laboral más basado en las políticas activas de empleo y que, por tanto, penalice a los desempleados que no hagan cursos de formación o rechacen ofertas de empleo con la retirada de la prestación.
"En el caso de que no se cumplan los requisitos, es decir, que no se acepte un curso de formación, no se quiera participar en itinerarios laborales o se rechacen ofertas del Servicio Público de Empleo, podría ser, efectivamente, objeto de la retirada de la prestación", señaló Corbacho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Corbacho recordó que la actual legislación ya contempla una serie de sanciones para los beneficiarios de estas prestaciones que se niegan a cumplir los requisitos, aunque el Gobierno entiende que hay que caminar hacia un mayor peso de las políticas activas de empleo en el funcionamiento del mercado laboral.
De hecho, el grupo socialista ha presentado una enmienda a la reforma laboral a su paso por el Senado que obliga a los desempleados a atender a los cursos o actividades de motivación e inserción laboral desde el primer día que cobren la prestación si no quieren ser sancionados.
Esta enmienda, que propugna la pérdida de la prestación si el desempleado rechaza estas acciones durante los tres primeros meses, no ha gustado nada a los sindicatos, que entienden que mejorar la ocupabilidad de los parados no pasa por sancionarles, sino por aumentar la inversión en políticas activas de empleo para adecuarlas a las necesidades del mercado de trabajo.
El Ministerio de Vivienda ha enviado una carta y un 'sms' a 8.000 beneficiarios de la Renta Básica de Emancipación (RBE) comunicándoles que, según la información remitida por la Agencia Tributaria a este departamento, superaron en 2008 los 22.000 euros anuales de ingresos brutos, requisito fundamental para recibir la ayuda al alquiler de 210 euros, por lo que deben devolver dicha ayuda.
Para comprobar que siguen cumpliendo con el requisito legal y objetivo de no superar los 22.000 euros de ingresos brutos anuales, el Ministerio ha consultado a la Agencia Tributaria cuántos beneficiaros superaron ese límite según su declaración de la renta de 2008. Este control se repetirá para los ingresos percibidos en 2009 y sucesivos.
Al mismo tiempo, el Ministerio se lo ha comunicado a las comunidades autónomas, encargadas de la gestión de la RBE, y por tanto de reconocer y retirar el derecho a cobrarla, para que den trámite de audiencia a los afectados y verifiquen cuál fue su nivel de ingresos.
Mientras culminan las comprobaciones necesarias, el Ministerio ha suspendido cautelarmente el pago de la ayuda a los jóvenes (en los casos en que aún estuviera activo el derecho pues otros casos están ya extinguidos) y asegurar así que sólo reciben la RBE quienes tienen derecho a ella.
En la carta enviada por el Ministerio, sólo se avisa a los jóvenes afectados de su situación y se les anuncia que su comunidad autónoma se pondrá en contacto con ellos para que aporten la documentación necesaria para aclarar si dejaron de cumplir con el requisito de ingresos que fija la ley.
LA COMUNIDAD DEBE COMPROBAR LOS INGRESOS.
Vivienda indica que tras citar a los afectados, cada comunidad tendrá ahora que comprobar quiénes superaron efectivamente el límite de 22.000 euros, y en caso positivo, emitir una resolución retirándoles el derecho a las ayudas. En los casos en que el beneficiario no comunicó en su momento que dejaba de cumplir este requisito, y por tanto, incumplió la obligación establecida en la normativa, la comunidad autónoma iniciará el expediente de reintegro de las ayudas correspondientes, al que caben alegaciones.
Según los convenios de colaboración firmados con todas las comunidades autónomas para la puesta en marcha de la renta básica, es la administración regional, como órgano competente para el reconocimiento del derecho, la que ha de realizar todas las comprobaciones necesarias para asegurar que los solicitantes de esta ayuda cumplen todos los requisitos para la percepción de la misma. Así, cada comunidad fija qué documentación solicitar al joven para comprobar el requisito de ingresos.
No obstante, Vivienda precisa que los datos que comprueban las comunidades, como en cualquier subsidio o prestación que reconoce todo organismo del Estado, son estimaciones que posteriormente deben ser comprobadas.
Por ello, añade, a partir del momento en que al joven se le reconoce el derecho a percibir la ayuda y empieza a cobrarla, el Ministerio de Vivienda realiza, cada mes, comprobaciones para ver que esté al día en el pago de su alquiler y que está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
EL BENEFICIARIO DEBE COMUNICAR EL AUMENTO DE INGRESOS.
El Real Decreto que regula la RBE establece que para tener derecho a recibir esta ayuda el joven ha de disponer de una fuente regular de ingresos que le reporte unos ingresos brutos anuales inferiores a 22.000 euros.
Además, señala que el beneficiario tiene la obligación de comunicar inmediatamente ante su comunidad autónoma cualquier modificación de los requisitos por los que se le reconoció el derecho a la ayuda, entre ellos, el nivel de ingresos, y que el incumplimiento de esta obligación supone la devolución de las ayudas percibidas.
El Ministerio de Trabajo ha aprobado la segunda prórroga al Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción: la ayuda de 426 euros al mes que, durante un máximo de seis meses, pueden pedir los parados que hayan agotado las prestaciones y subsidios por desempleo. Pero en esta ocasión, los colectivos que se pueden beneficiar son menos. En el caso de los parados entre 30 y 45 años, sólo podrán pedir la ayuda los que tengan "responsabilidades familiares".
Hasta ahora, durante el año en el que el programa ha estado en vigor, podían solicitar la ayuda todos los parados menores de 65 años sin otro tipo de ayudas.
Por lo demás, se mantienen el resto de requisitos necesarios para poder ser beneficiario del programa; entre otros, el compromiso de participar en un itinerario de inserción, y no tener ingresos superiores a 475 euros al mes.
El Ejecutivo prorrogará a partir de hoy, por segunda vez, la ayuda de 426 euros destinada a aquellos parados que ya agotaron su prestación por desempleo durante otros seis meses más, aunque no será hasta el Consejo de Ministros extraordinario del próximo 20 de agosto cuando se apruebe esta decisión.
El conocido como Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción (Prodi), que se dirige a parados sin ingresos que no hayan disfrutado ya de esta ayuda, se aprobó en agosto pasado, si bien no se empieza a contabilizar hasta noviembre, con las primeras ayudas.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, calculó que las dos primeras fases de esta prestación no contributiva ya han beneficiado a 570.000 personas hasta finales de julio, y justificó la nueva prórroga en la tasa de cobertura del 80% a los más de 4,6 millones de parados.
El Gobierno aprobó el pasado mes de agosto esta ayuda temporal durante seis meses como medida coyuntural para minimizar el impacto de la crisis, y que tres meses después aplicó con carácter retroactivo desde el 1 de agosto a instancias de los grupos parlamentarios.
La nueva prórroga de los 426 euros no llega exenta de polémica. Durante el mes de mayo distintos miembros del Gobierno plantearon la revisión de esta ayuda coyuntural, como la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, quien dejó abierta la puerta a estudiar "si procede o no la prórroga del Prodi".
Estas palabras fueron matizadas días después por el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, al apresurarse a asegurar que el Ejecutivo no tenía en la agenda retirar los 426 euros, por lo que descartó "poner en crisis" esta medida.
426 EUROS EN 2010
La cuantía del Prodi corresponde al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiple (IPREM), que en 2009 fue de 420 euros, y que este año asciende a los actuales 426 euros.
La prórroga del Prodi se destina a los desempleados menores de 65 años que extingan sus prestaciones contributivas y subsidios por desempleo entre el 16 de febrero y el 15 de agosto de 2010, ambos inclusive, y no la hayan percibido durante su primera fase.
Asimismo, la ayuda se limita a las rentas superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional — que se situó en los 474,98 euros mensuales en 2010– y adquieran el compromiso de participar en un itinerario activo de inserción laboral.
El pleno del Congreso aprobó hoy prorrogar el subsidio de 426 euros que cobran los desempleados que han agotado su cobertura por desempleo durante seis meses más, a partir de agosto.
La propuesta de resolución, iniciativa del grupo parlamentario ERC-IU-ICV y enmendada por el PSOE fue apoyada por la mayoría de la Cámara y contó con 343 votos a favor, 2 en contra y una abstención.
El programa temporal de protección por desempleo e inserción se orientará a los colectivos de parados mayores de 45 años, menores de 30 y parados de larga duración y supone la prolongación de una ayuda aprobada por el Ejecutivo y cuyo plazo vencía el 15 de agosto.
Durante su intervención en el debate de propuestas de resolución consecuencia del debate sobre el estado de la nación, el portavoz de ERC, Joan Tardá, justificó esta iniciativa en que "se mantienen las circunstancias" que provocaron su aprobación, ya que la crisis económica sigue repercutiendo negativamente en el paro.
Desde ICV su portavoz en el Congreso, Joan Herrera, se felicitó de que esta medida "prospere" pese a que "el Gobierno no lo tenía tan claro".
Por su parte, el diputado del PSE Eduardo Madina defendió esta propuesta como una defensa del mantenimiento del sistema de bienestar y para mantener la protección social, "seña de identidad" del grupo socialista.
Asimismo, el portavoz del PSOE, José Antonio Alonso, dijo antes del debate que se trata de un "buen acuerdo" y destacó que la enmienda pactada con ERC-IU-ICV se refiere a la "orientación" que debía tener dicha ayuda.
La cuantía de la prestación equivale al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que en 2009 fue de 420 euros y en 2010 asciende a 426 euros.
Este subsidio ya fue prorrogado por el Gobierno el 12 de febrero por medio año más y entonces la vicepresidenta primera del Gobierno dijo que la ayuda no afectaría a los actuales beneficiarios, ya que el plazo máximo durante el que pueden percibir el subsidio es de seis meses "no prorrogables".
Hasta la fecha el número de beneficiarios de esta ayuda asciende a unas 243.100 personas y el coste estimado de la medida supone 517,8 millones de euros.
El seísmo no respetó a nadie en una ciudad siempre frágil, que se creía acostumbrada a las desgracias hasta que se encontró con esteterremoto salvaje. El palacio presidencial, el edificio de la ONU que ha confirmado 14 muertos pero podría haber perdido a cientos de empleados, la catedral, el hotel más conocido de la ciudad, el Parlamento y cientos de las endebles viviendas de un país siempre sufrido, siempre maltratado por la naturaleza y por los hombres, registran cuantiosos desperfectos. O se han hundido para siempre. Al igual que escuelas y hospitales, cuando más falta hacían. Hasta la "prisión central ha sido destruida. Ha habido fugas de prisioneros", según la portavoz de Oficina Humanitaria de la ONU.
El Banco Mundial estima que Haití, la nación más pobre de América, perderá más del 15% de su PIB por causa del terremoto que sufrió el martes, por lo que ha confirmado una donación de 100 millones de dólares (unos 70 millones de euros), la más alta anunciada hasta ahora por cualquier país u organismo internacional.
En 2008, la producción de Haití el PIB cayó un 15% debido a cuatro tormentas tropicales, pero el Banco Mundial cree que esta vez la destrucción superará ese nivel, dado que el desastre ha afectado a un área mayor y a Puerto Príncipe, la capital.
La nación caribeña de 9 millones de habitantes en una ex colonia francesa y la república negra más antigua del mundo, la que fue fundada por esclavos liberados tras una revolución que llevó a su independencia en 1804.
Haití es el país más pobre de América con un ingreso promedio anual de 560 dólares por persona. Se ubica en el puesto 146 de 177 países en el Indice de Desarrollo Humano, UNDP.
Más de la mitad de la población vive con menos de 1 dólar por día y un 78% con menos de 2 dólares. Existe una alta tasa de mortalidad infantil (60 por cada 1,000 nacimientos) y la latencia de VIH entre aquellos que están entre los 15 y 49 años es de un 2.2 por ciento.
La infraestructura en Haití está cerca de un colapso total y la grave deforestación ha dejado sólo un 2% de los bosques.
Luego de décadas de dictadura, el ex sacerdote católico romano Jean-Bertrand Aristide se convirtió en 1990 en el primer líder de Haití escogido en elecciones libres. Aristide fue expulsado tras un golpe militar en 1991, pero regresó al mando con el apoyo de Estados Unidos.
En 2004, Aristide fue sacado del país a la fuerza y exiliado por después de una rebelión de pandillas y ex soldados.
Haití es gobernado por el presidente Rene Preval desde mayo del 2006, cuando el país regresó a un mandato constitucional.
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, anunció hoy que el Plan 2000E, consistente en una ayuda directa para la adquisición de coches, entrará en vigor el próximo lunes, con el fin de evitar perjuicios al mercado automovilístico.
Sebastián explicó que desde el lunes los automovilistas contarán como mínimo con una ayuda de 1.500 euros (500 aportados por el Gobierno y 1.000 por las marcas), a expensas de lo que decida cada comunidad autónoma sobre su contribución.
El Plan 2000E, que estará vigente un año y comprenderá 200.000 operaciones, contempla una ayuda directa para la adquisición de coches con un precio de hasta 30.000 euros a cambio a achatarrar un vehículo de más de diez años de antigüedad.
De los 2.000 euros por operación previstos en el programa, el Gobierno central aportará 500 euros, a las comunidades autónomas corresponden otros 500 euros y los fabricantes de automóviles contribuirán con los 1.000 euros restantes.
En esta línea, Sebastián manifestó su intención de publicar "a lo largo del día" la lista de las comunidades autónomas que han decidido sumarse a este programa de incentivos directos a la compra de forma conjunta con el sector del automóvil y con el Gobierno. Igualmente, subrayó que los fabricantes de coches se han sumado a esta medida "con entusiasmo" y manifestó su deseo de que los gobiernos regionales se sumen "por unanimidad".
En cuanto a las comunidades, el titular de Industria señaló que hasta el momento la respuesta que han obtenido durante la reunión con los representantes autónomos "ha sido positiva". "Estamos en plena reunión y en general la acogida es muy positiva", afirmó.
MADRID DICE QUE "NO" SECUNDA LA PROPUESTA
Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, afirmó hoy que el Gobierno regional no se sumará a la ayuda directa para la compra de nuevos vehículos, anunciada por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, y defenderá las subvenciones regionales existentes, como el descuento del 20% en el Impuesto de Matriculación.
Beteta anunció en un receso entre el ministro y los responsables autonómicos con las comunidades autónomas, que Madrid no aportará los 500 euros con los que el Gobierno central pedía que las regiones colaborasen dentro de este plan.
El consejero madrileño defendió las subvenciones regionales ya en marcha, como el descuento del 20% en el Impuesto de Matriculación, y abogó por que el Estado aplique una reducción de impuestos para el sector de la automoción.
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