El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado de forma definitiva la reforma laboral tras aceptar 24 de las enmiendas incorporadas a la norma por el Senado, una de ellas del BNG y el resto todas del PSOE, que se vio obligado a jugar en cada votación con los apoyos de distintos grupos de la oposición para sacar adelante sus propuestas y eliminar aquellas que la Cámara Alta incorporó con su voto en contra, en un debate marcado por la sombra de la huelga general del próximo 29 de septiembre.
Aunque el debate, que se inició con el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, como único representante del Gobierno, se centraba exclusivamente en las enmiendas, todos los portavoces han aprovechado para expresar una posición global sobre la norma, que a excepción del PSOE, fue unánime en el reproche al Gobierno por parte de todas las fuerzas políticas, y entre llamamientos a la huelga por parte de ERC, IU e ICV.
El ministro tomó la palabra para agradecer el modo en el que se ha celebrado la tramitación, culminada con la rapidez "deseada" para eliminar "incertidumbres" y sin "desvirtuar" los objetivos esenciales del decreto ley en el que tiene origen, con la incorporación de más de 70 enmiendas pactadas con los grupos. "El tiempo lo dirá, pero probablemente su vigencia será mucho más larga de lo que muchos piensan", ha remarcado.
Corbacho ha destacado el "carácter equilibrado" del texto y aseguró que su aprobación coincide con el inicio de la recuperación económica en un escenario de "post crisis" respetando la realidad del modelo de relaciones laborales en España, sin poner en cuestión las instituciones básicas como la causalidad de la contratación temporal y la tutela judicial del despido, respetando "íntegramente" los derechos de los trabajadores.
Más detalles y las reacciones de los distintos partidos políticos aquí.
El comité formado por miembros de la Cámara de Representanes y el Senado de EE.UU. alcanzó hoy un acuerdo para acometer la mayor reforma regulatoria del sector financiero estadounidense desde la Gran Depresión.
El acuerdo entre los miembros de ambas cámaras sobre la imposición de restricciones a las operaciones por cuenta propia de la banca y un incremento de la supervisión sobre el mercado de derivados culminó tras más de veinte horas de negociaciones.
En concreto, el acuerdo salio adelante por 20 votos a favor y 11 en contra entre los miembros de la Cámara de Representantes, y obtuvo 7 sufragios favorables y 5 en contra por parte de los senadores.
Ansiosos por prevenir otro colapso financiero como el de 2008, los legisladores han incorporado un sistema de alarmas de riesgos financieros, crearon una oficina de protección financiera del consumidor que tendrá amplias atribuciones y marcaron pasos para la liquidación de las grandes firmas financieras que caigan en serios problemas.
De este modo, el proyecto de ley al completo será sometido a votación la próxima semana en el Congreso y podría ser promulgada por el presidente el próximo 4 de julio.
El acuerdo representa una victoria para el presidente Barack Obama, que irá a la cumbre del G20 en Toronto (Canadá) con la prueba de que Estados Unidos hace algo concreto para evitar las crisis financieras con impacto global. El presidente aplaudió hoy el acuerdo preliminar en el Congreso y aseguró que "el crecimiento económico y la prosperidad dependen de que contemos con un sector financiero firme y robusto". En esta línea, el presidente asegura que los bancos "tendrán que cumplir las reglas y proporcionar información clara y concisa".
Por su lado, el secretario del Tesoro de EE.UU., Timothy Geithner, expresó su satisfacción por el acuerdo, afirmando que "la meta está a la vista" y destacó que el proyecto pactado por los miembros del comité es "fuerte" y representa "la mayor reforma financiera desde las que siguieron a la Gran Depresión".
En este sentido, el responsable del Tesoro estadounidense aseguró que la nueva regulación dotará de la mayor protección de la historia del país a los consumidores y evitará que las entidades asuman riesgos que puedan amenazar a la economía, a la vez que proporciona al Gobierno de las herramientas para proteger a los contribuyentes mejor frente a los daños de futuras crisis financieras.
El Gobierno español aprobó hoy por decreto ley una reforma laboral que busca dinamizar el mercado de trabajo y "reducir la excesiva temporalidad" en un país en el que la crisis ha dejado más de cuatro millones y medio de desempleados.
La reforma reclamada por la patronal y organismos internacionales, es rechazada por los sindicatos que creen que lesiona los derechos de los trabajadores y han convocado en su contra, para el 29 de septiembre, la primera huelga general de la etapa de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Los sindicatos anunciaron el pasado viernes que convocarán una huelga general si el Gobierno no da marcha atrás en la reforma laboral remitida hoy a los agentes sociales y a los grupos parlamentarios y la aprueba el próximo 16 de junio en su actuales términos, al considerar que recorta los derechos de los trabajadores. Por lo pronto, aseguraron que convocarán un proceso de movilizaciones en todos los centros de trabajo que irá acompañado de actos sindicales.
En rueda de prensa tras reunirse con el director del gabinete del diálogo social, Alfonso Morón, los secretarios de Acción Sindical de CC.OO y UGT, Ramón Górriz y Toni Ferrer, indicaron que el texto presentado por el Gobierno "ha sido inspirado por los empresarios" y abre la puerta a que puedan "despedir más y más baratos", y denunciaron con pesar que, por lo pronto, el representante del Gobierno tenía hoy el mandato de no seguir negociando.
"La letras están inspiradas por el dictado de la patronal. No es una propuesta equilibrada, sino que está orientada a que las empresas españolas reduzcan los costes, que tengan una contratación más barata, que tengan más poder para recortar y para que el despido sea más fácil", aseguró Ferrer.
"El documento está inclinado hacia una de las partes", añadió Górriz en clara referencia a la CEOE, antes de señalar que los sindicatos, por si había alguna duda, "rechazan el documento".
VALORACIÓN DE TOXO Y MÉNDEZ, EL MARTES
"Hoy hay más razones que ayer" para una huelga general, según Górriz, quien explicó que los gabinetes jurídicos de ambos sindicatos ya se encuentran trabajando para dar una respuesta al Gobierno con la vista puesta a que sus Comités Confederales se reúnan el próximo martes en la víspera de la aprobación del decreto de reforma para analizar el documento del Gobierno. Ese día, los secretarios generales de CC.OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, serán quienes realicen en comparecencia una valoración definitiva del texto.
Además, los sindicatos criticaron que la reforma que plantea el Ejecutivo "abre en canal la negociación colectiva", no combate la temporalidad y hace de las empresas de trabajo temporal "un negocio". Asimismo, acusaron al Gobierno de "globalizar" el contrato de fomento del empleo y reducir el indefinido ordinario hasta un mero papel "residual".
Así pues, una de las cuestiones que centraron las críticas de los sindicatos fue la capacidad que, a su juicio, otorga el documento a los empresarios a la hora de modificar las condiciones de trabajo. Según el secretario de Acción Sindical de CC.OO., la reforma del Gobierno da un "poder discrecional" al empresario, mientras que su homologo en UGT indicó que ello servirá para "atacar los derechos de los trabajadores".
Por otro lado, Górriz aseguró que el documento no recoge las peticiones de los sindicatos para limitar el uso de los contratos temporales, no hace mención alguna a la contratación a tiempo parcial ni tampoco al contrato fijo discontinuo. Por su parte, Ferrer denunció que la única penalización de la temporalidad, el incremento de 8 a 12 días la indemnización, entrará en vigor en 2014, mientras que todas las cuestiones relacionadas con bonificaciones tendrá efecto inmediato.
Asimismo, ambos sindicatos precisaron que el documento del Gobierno hace de las empresas de trabajo temporal un buen negocio a costa de los desempleados en lugar de potenciar los servicios públicos de empleo. Según Górriz, "sería mejor poner un guión en el documento que diga Hágase usted rico". "El texto es exhaustivo para legalizar el negocio con las personas desempleadas", sentenció Ferrer.
La reforma penalizará los contratos por obra o servicios. No podrán tener una duración superior a dos años, ampliable a tres por convenio colectivo. "Transcurridos dichos plazos, los trabajadores adquirirán la condición de trabajadores fijos en la empresa".
La indemnización por despido en este tipo de contratos sube de 8 a 12 días de salario por cada año de servicio.
DESPIDOS EN EMPRESAS CON 6 MESES DE PÉRDIDAS
Las empresas con pérdidas durante seis meses podrán hacer despidos individuales o colectivos de manera procedente, con 20 días de indemnización. Esta medida, propuesta por la patronal, no está incluida en el borrador entregado a los agentes sociales, pero al Gobierno le parece bien y la quiere negociar con los grupos parlamentarios, según fuentes del Ejecutivo.
En el borrador solo se describe como causas económicas para el despido colectivo cuando "los resultados de la empresa arrojen pérdidas económicas no meramente coyunturales". La empresa tendrá que acreditar "los resultados alegados" para justificar el despido.
Fuentes de la Moncloa añaden que "habrá que acotar las pérdidas, el tiempo de las mismas y el concepto". No obstante, indicaron que "lo razonable" es que las pérdidas económicas que pueda objetar una empresa para despedir por causas objetivas se atribuyan a las empresas y no a los centros de trabajo, puesto que "no es lo mismo".
EXTENSIÓN DEL CONTRATO DE FOMENTO
El Gobierno ha optado por aplicar la "máxima extensión posible" del uso del contrato de fomento del empleo, porque dará "certeza al empresario" y "garantías al trabajador", según el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. Estos contratos tienen una indemnización máxima de 33 días por año trabajado, frente a los 45 del contrato indefinido normal.
La propuesta del Ejecutivo amplía la aplicación de ese contrato a trabajadores en el paro que tengan discapacidades o que hubieran estado contratados en los dos años anteriores con contratos temporales.
La empresa también podrá convertir a este contrato a sus trabajadores temporales, de duración determinada o en formación. Pero si quiere beneficiarse de las ventajas que se darán para este contrato, tendrá que hacerlo antes de 2012.
EL ESTADO PAGA PARTE DEL DESPIDO
Y es que, solo en los contratos de fomento del empleo, el Estado pagará 8 días por año trabajado de la indemnbización que corresponda.
Esos recursos serán abonados por el Fondo de Garantía Salarial, un fondo creado en 1970 para abonar los salarios e indemnizaciones de trabajadores de empresas en situación legal insolvencia o declaradas en concurso de acreedores. El fondo se nutre con aportaciones empresariales.
El copago del Fondo procederá siempre que el contrato haya tenido una duración superior al año; si ha durado menos, la indemnización corre a cargo del empresario en su totalidad. La aportación tampoco se hará encaso de despidos disciplinarios.
FONDO DE CAPITALIZACIÓN 'AUSTRIACO'
El Gobierno también quiere crear un fondo de capitalización para los trabajadores que imite el modelo austríaco y que debería estar operativo para todos los contratos indefinidos que se firmen a partir del 1 de enero de 2012.
Según el borrador, las aportaciones al fondo, que hará el empresario por cada trabajador, se mantendrán durante toda la vida laboral. El trabajador podrá hacerlo efectivo por despido, movilidad geográfica y el desarrollo de actividades de formación. El texto no detalla aún cuántos días de salario por año trabajado se tendrán que abonar.
Las indemnizaciones por despido que tenga que pagar un empresario excluirán las aportaciones que sobre el trabajador en cuestión haya hecho previamente al fondo. La parte que el trabajador no llegue a hacer efectiva la percibirá cuando se jubile.
'DESCUELGUE' SALARIAL
Otra de las novedades del borrador es la posibilidad de que las empresas con problemas se salten los convenios colectivos de ámbito superior a la empresa (por ejemplo, los sectoriales o del ramo) en cuanto al régimen salarial. Los empresarios podrán pedir que no se aplique el régimen salarial previsto (cláusula de inaplicación) cuando "la situación y las perspectivas de la empresa o su estabilidad económica pudiera verse dañada".
Si estos convenios colectivos no tienen prevista una cláusula de inaplicación salarial, el empresario y los trabajadores podrán negociar igualmente para llegar a un acuerdo sobre ese tema.
Empresa y trabajadores abrirán un periodo de consultas que no pase de 15 días. Si al final no se pusieran de acuerdo, se podrá recurrir al arbitraje, y será el laudo arbitral el que decida si procede aplicar las nuevas condiciones salariales propuestas por el empresario. Este proceso no podrá exceder de 15 días hábiles.
SUSPENSIÓN DE CONTRATO Y REDUCCIÓN DE JORNADA
Las empresas que opten por reducir las jornadas laborales de sus trabajadores o suspender sus contratos de forma temporal por causas económicas de fuerza mayor no podrán hacerlo durante un período superior a un año.
Según la propuesta, el contrato de trabajo podrá ser suspendido a iniciativa del empresario por causas objetivas -económicas, técnicas, organizativas o de producción-, "cualquiera que sea el número de trabajadores de la empresa". Esta suspensión puede ser por días completos, continuados o alternos.
La reducción de la jornada laboral, conocida como modelo alemán, contempla una disminución temporal de entre un 10% y un 70% de la jornada de trabajo computada sobre la base de una jornada diaria, semanal, mensual o anual. Tanto la suspensión como la reducción de jornada "no podrán tener una duración superior a un año".
Estos trabajadores tendrán derecho a la prestación de desempleo por las horas o días que dejen de trabajar, con un límite máximo de 180 días.
BONIFICACIONES A LA CONTRATACIÓN
La reforma marcaría el fin de las bonificaciones universales a la contratación indefinida para jóvenes, mujeres y desempleado de larga duración. Ahora se van a dirigir principalmente a parados menores de 30 sin formación y mayores de 45 años, siempre que sean contratados antes de 2012.
Jóvenes: Contratación de trabajadores de entre 16 y 30 años que lleven al menos un año en el paro y que no hayan completado la escolaridad obligatoria o no tengan titulación profesional. Los empresarios tendrán en estos casos derecho a la bonificación en la cuota empresarial de la Seguridad Social de 800 euros durante 3 años. Si se trata de mujeres, tendrá derecho a 1.000 euros.
Mayores de 45 años: Contratación de trabajadores mayores de 43 años que lleven un año en el paro. El empresario tendrá derecho a 1.200 euros de bonificación, o 1.400 euros en caso de mujeres.
Tras diez horas de reunión, no hay acuerdo para la reforma laboral. Pero el dialogo aún no se ha roto. La negociación seguirá hoy, aunque esta vez por separado. A las seis de la mañana el secretario general de UGT, Cándido Méndez, abandonaba el Ministerio de Trabajo. Diez horas de negociación en las que de madrugada recibieron más apoyo con la llegada hasta allí de varios asesores jurídicos de UGT, CCOO y de la patronal. Durante el encuentro se han producido avances que se plasmarán en un nuevo documento que presentará mañana el Gobierno.
Nuevamente han sido las diferencias sobre el abaratamiento del despido las que han vuelto a complicar un acuerdo que finalmente ha fracasado tras dos años de desencuentros.
El gobierno endrá que empezar a buscar el apoyo de los grupos políticos para sacar adelante la reforma en el Congreso, sólo unas semanas después de que consiguiera dar 'luz verde' al decreto antidéficit por un solo voto de diferencia.
El Consejo de Ministros ha aprobado su propuesta de reforma laboral, que será explicada esta tarde a los agentes sociales por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien después informará de los detalles precisos. El pasado 30 de enero, Zapatero afirmó que la reforma laboral ayudaría sobre todo a jóvenes y a poco cualifcados. Y es que, según él, estos colectivos son los que "más duramente sufren el azote del paro".
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha explicado que la propuesta se articula en torno a cinco objetivos y servirá para dejar atrás la crisis y un modelo económico productivo que es "inviable" para el futuro.
Favorecer el empleo, reducir la dualidad en la contratación y la temporalidad, aumentar las oportunidades de encontrar un trabajo, aumentar la flexibilidad interna de las empresas y fomentar la ocupación de los jóvenes con menor formación, son los cinco ejes, dijo De la Vega.
El Gobierno convocó esta tarde, a las 17.00 horas, a los máximos dirigentes de CC.OO., UGT, CEOE y Cepyme, Ignacio Fernández Toxo, Cándido Méndez, Gerardo Díaz Ferrán y Jesús Bárcenas, en el Palacio de La Moncloa para darles a conocer sus propuestas para la reforma del mercado laboral, según informaron fuentes sindicales.
33 días para jóvenes y mayores de 45
Fuentes empresariales, por su parte, indicaron que el Gobierno previsiblemente haría constar sus propuestas para la reforma laboral. Una de ellas podría ser la de 'destopar' el contrato de fomento del empleo estable, cuya indemnización por despido improcedente es de 33 días por año trabajado, de forma que su utilización estuviera abierta a todos los colectivos.
Actualmente, el empresario puede efectuar este contrato con jóvenes parados de entre 16 y 30 años, trabajadores en desempleo mayores de 45 años, personas con discapacidad, desempleados que lleven inscritos en las oficinas de empleo al menos durante seis meses ininterrumpidos, y mujeres en paro cuando se contraten para prestar servicios en profesiones u ocupaciones con menor índice de empleo femenino.
Asimismo, el contrato de fomento del empleo estable, creado en la reforma de 1997, puede realizarse con aquellos trabajadores que, en la fecha de celebración del nuevo contrato, estuvieran empleados en la misma empresa mediante un contrato temporal celebrado con anterioridad al 31 de diciembre de 2007.
La 'universalización' del contrato de fomento del empleo estable es sólo una de las ideas que el Gobierno está barajando incluir entre sus propuestas, es decir, todavía no es definitivo que ésta vaya a ser una de sus medidas 'estrella'. También se baraja encarecer los contratos temporales y primar los fijos a través de la cotización al desempleo.
10 puntos sobre la mesa
Fuentes consultadas por Europa Press indicaron que la propuesta del Gobierno podría girar en torno a 10 puntos. En primer lugar, un programa de empleo para jóvenes de entre 16 y 24 años, que supone el colectivo prioritario para el Ejecutivo. Este programa se dirigiría específicamente a atender las necesidades de los jóvenes sin títulos profesionales.
Asimismo, podría incluirse la revisión del sistema de bonificaciones con vistas a su simplificación, así como la mejora de los servicios públicos de empleo y la intermediación laboral. Otro de los puntos podría ser la revisión de la estructura de la negociación colectiva y la necesidad de introducir en este ámbito mayor flexibilidad interna.
En materia de contratación, la propuesta del Gobierno podría contemplar la reducción de jornada acompañada del pago de una prestación ('modelo alemán'), la corrección de la excesiva dualidad del mercado laboral, con especial atención a la temporalidad, así como la extensión de la contratación a tiempo parcial estable.
Los últimos tres puntos estarían dirigidos a la formación para el empleo, la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral y el control de los procesos de incapacidad temporal, según las mismas fuentes.
¿Estudio o aprobación?
En cualquier caso, no se tratan de iniciativas cerradas, por lo que podrían "caerse" del texto final que presente el Gobierno a los agentes sociales y ser sustituidas por otras nuevas.
Lo cierto es que tampoco está claro que el Consejo de Ministros vaya a aprobar hoy el documento del Gobierno con sus propuestas de reforma laboral. El hecho de que el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, no haya salido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y de que sindicatos y empresarios hayan sido convocados esta misma tarde en Moncloa, hace pensar que el Consejo simplemente se habrá limitado "al estudio" de las propuestas, pero no a su aprobación.
Asimismo, hay que tener en cuenta que CC.OO. y UGT habían pedido expresmente al Gobierno que retrasara de nuevo la presentación de estas propuestas por el clima generado en torno a sus propuestas en materia de pensiones y para no interferir en el diálogo que mantienen con los empresarios para cerrar un acuerdo de negociación colectiva.
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El Consejo de Ministros ha aprobado su propuesta de reforma laboral, que será explicada esta tarde a los agentes sociales por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien después informará de los detalles precisos. El pasado 30 de enero, 
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